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Perspectiva​ ​de​ ​la​ ​lucha​ ​regulatoria​ ​contra​ ​el​ ​cohecho​ ​internacional


Autor: Rodrigo Medina Valcarcel Colaboradora: Erika Winge

Las malas prácticas empresariales a nivel global se han traducido en casos de corrupción, fraudes, lavado de activos, prácticas anticompetitivas y escándalos del sector financiero. Adicionalmente, muchas otras industrias se han visto afectadas por casos de corrupción, destacando los sectores de construcción, minería, defensa, recursos naturales y energía, farmacéutico, transporte e infraestructura.

Ello, ha provocado una reacción en cadena por parte de los legisladores nacionales y la comunidad internacional en general, significando un aumento en la promulgación de normas nacionales e internacionales que regulan la actividad empresarial, enfocándose particularmente en la responsabilidad de los gobiernos corporativos.

En este sentido, los Acuerdos de Asistencia Mutua Legal (LMA) o la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales de la OCDE son herramientas internacionales utilizadas para hacer más eficaz la lucha contra el cohecho internacional, perseguir la responsabilidad penal de multinacionales y comprender sus estructuras empresariales complejas.

En el caso de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, ha sido adoptada por 41 países y ratificada por Brasil en el año 2.000.

Esta Convención establece normas jurídicamente vinculantes que penalizan el delito de cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales, estableciendo medidas destinadas a redoblar los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar los actos de corrupción cometidos en el extranjero.

La misma Convención establece un mecanismo de monitoreo para asegurar la implementación exhaustiva de las obligaciones internacionales asumidas por los países en virtud de este instrumento. El monitoreo está a cargo del Grupo de Trabajo sobre el Soborno de la OCDE, el cual emite reportes que contienen recomendaciones basadas en exámenes rigurosos realizados en cada país.

En este contexto, durante octubre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE (WGB) publicó su informe de la Fase 3 sobre la implementación de Brasil de la Convención Anti-soborno de la OCDE, por medio de la cual presentó recomendaciones que dicho país debía adoptar y que el WGB haría seguimiento en el presenta año. Entre las recomendaciones realizadas se encuentra la inclusión de programas de cumplimiento como requisito para otorgar contratos de compras públicas y la implementación de medidas para proteger a los denunciantes en el sector privado.

Asimismo, el seguimiento de la implementación de la fase 3, realizada en febrero de 2017 por el WTB, indica que Brasil no ha implementado 8 recomendaciones y que ha implementado 13 parcialmente.

Esto da cuenta que, a pesar de los muchos intentos legislativos para frenar el cohecho, a veces agravado por la falta de voluntad política, las diferentes regulaciones nacionales e internacionales existentes en la materia han sido insuficientes para elevar el estándar con que actúan los gobiernos corporativos, proliferando las prácticas corruptivas y fraudulentas alrededor del mundo. Dicha realidad ha llevado a que los estados consideren a la autorregulación privada como una pieza clave para elevar el estándar ético con que actúan las empresas, procurando el bienestar de todos los grupos de interés y promoviendo la cultura de cumplimiento empresarial.

En consideración a esto, es que han proliferado los esfuerzos normativos para incentivar prácticas a favor de la competencia leal sobre la base de igualdad de oportunidades y la creación de una cultura de cumplimiento normativo. En este sentido, los programas de Compliance para la prevención de delitos son una contribución positiva para regular la responsabilidad de las personas jurídicas, pero insuficientes en entornos competitivos globales.

En definitiva, no se trata solo de cumplir con las obligaciones comprometidas por nuestros países o nuestras empresas a través de convenios internacionales o exigencias regulatorias.

Ello, plantea un escenario más profundo y a la vez preocupante. No poner fin a las prácticas corruptivas afecta la competencia, el presupuesto estatal, la inversión y en definitiva el crecimiento y desarrollo del país, por lo que implementar una cultura ética empresarial es una tarea relevante que los políticos y empresarios no deben ignorar. Una tarea urgente que deben enfrentar los gobiernos, especialmente en Latino América, con la colaboración del sector privado.

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